Democracia y derecho de acceso a la información

El derecho de acceso a la información garantiza a toda persona el derecho a acceder a toda la información y documentos relacionados con la gestión de los asuntos públicos, independientemente de la condición de la persona interesada y de la finalidad de la obtención de la información requerida. Existen diferentes acuerdos internacionales que promueven este principio, siendo uno de ellos el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , que establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye la libertad de no ser molestado a causa de sus opiniones, la de investigar y recibir informaciones y opiniones, y la de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Los países han adoptado este principio en sus propias leyes nacionales. Las leyes de acceso a la información también sirven a varios objetivos sociales importantes. Por ejemplo, el acceso a la información sobre la calidad de los cuerpos de agua puede impulsar a las autoridades y a los ciudadanos a tomar medidas si el agua está contaminada.

Nuestro deber como ciudadanos debe ser conocer y proteger la información para estar informados y poder abordar los problemas que enfrenta el sector del agua en nuestras propias comunidades. De esta manera, los ciudadanos pueden participar en la definición de prioridades y la toma de decisiones, exigir cuentas a las autoridades pertinentes, exigir un gobierno más transparente y garantizar la igualdad de trato y la justicia.